El plazo autoimpuesto por la Fiscalía Nacional Económica (FNE) se cumplió. Luego de que el 7 de octubre el organismo presentara el informe preliminar del estudio de mercado del gas en Chile -donde analizó el período 2010-2020 en los segmentos de gas licuado de petróleo (GLP) y gas natural (GN) constatando su hipótesis de que el mercado del gas no funcionaba adecuadamente desde una perspectiva competitiva-, ayer se reveló el documento definitivo donde confirmó este planteamiento.
Ambos documentos son prácticamente iguales, y solo se diferencian por algunos énfasis y detalles menores. Así, la FNE reafirma sus recomendaciones de prohibir que Gasco, Abastible y Lipigas participen en la distribución de gas licuado a los consumidores y de impulsar cambios regulatorios al negocio del gas natural para que baje el precio de ambos combustibles.
“Después de un año de trabajo, estamos entregando al Poder Ejecutivo información inédita y muy completa sobre el mercado del gas, la que nos permite afirmar, con propiedad, que es necesario y urgente implementar cambios regulatorios y legales que fomenten una mayor competencia tanto en el negocio del gas licuado como en el del gas natural”, dijo el Fiscal Nacional Económico, Ricardo Riesco, agregando que con las recomendaciones presentadas “el Estado tiene una vía regulatoria fácil y rápida para bajar el precio” de este producto.
Las recomendaciones finales, que fueron enviadas al Ministerio de Energía, apuntan a perfeccionar la estructura del sistema y a optimizar la competencia y eficiencia tanto del mercado del GLP como del GN. Ahora, la cartera de Energía quedó en condiciones de ingresar el proyecto de ley comprometido que introduce los perfeccionamientos, cuyo texto está listo y solo pendiente de algunas firmas internas.
Su ingreso al Congreso es inminente. “Las recomendaciones del informe de la FNE son coincidentes con el contenido del proyecto de ley que ya hemos preparado como gobierno y que esperamos ingresar al Congreso muy prontamente. Ese proyecto va a aumentar la competencia en el mercado del gas, para ojalá reducir sus precios y así ir en beneficio de las familias chilenas”, señaló en una declaración el ministro de Energía, Juan Carlos Jobet.
Y aunque ahora el Poder Ejecutivo es el que debe tomar la posta, en paralelo la FNE podría eventualmente abrir una investigación si es que cree que pudiese existir algún ilícito. Conocedores comentan que al cierre de la investigación se sabría si se concluyó por falta de mérito o se presenta una demanda en el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC). De esta forma, será esta última entidad la que determinará si la Fiscalía tiene razón y las eventuales sanciones. Esto toma tiempo. Una investigación promedio de carteles –por ejemplo- demora tres años. Después, el juicio podría tardar otros dos años.
Por el momento, a las empresas no les quedaría más camino que seguir la discusión que se activaría en el Congreso con el proyecto de ley, por lo que comenzarían a preparar sus estrategias para el debate que promete ser tenso. Según trascendió, algunas firmas ven complejo este escenario, ya que el clima político no permitiría discutir propuestas.Pero, ya con la publicación del informe preliminar, se desplegaron en reuniones con las autoridades para conocer los eventuales alcances que traería la redacción del articulado.
Consultado, el académico FEN Universidad Alberto Hurtado y exministro del TDLC, Eduardo Saavedra, asegura que “las empresas han buscado desvirtuar el estudio de la FNE pero con argumentos que son muy débiles, como por ejemplo que los cálculos están errados y proponen metodologías alternativas que ya nadie utiliza seriamente”.
Para el experto, eso sí, no se sustentaría una acusación por colusión. “Con la información es posible concluir que el mercado funciona mal, pero no que las empresas se hayan puesto de acuerdo para cometer el delito colusivo”, dice. No obstante, agrega, “es posible que durante el estudio la FNE haya descubierto indicios de colusión, en cuyo caso los podría estar investigando y no tengo antecedente alguno en esa línea”.
Las líneas del debate
En el segmento del GLP, las críticas al estudio se dividen fundamentalmente en cuatro grupos, según la FNE. Sobre el primero, que apunta a la falta de rigurosidad en cálculos relevantes, se señala que la entidad no habría ajustado las cifras de su estudio por inflación, lo que para la Fiscalía no es efectivo.
Otro cuestionamiento señala que la FNE no habría calculado correctamente el margen de las distribuidoras mayoristas de GLP, dejando fuera una serie de costos. De hecho, las empresas plantean que lo correcto habría sido utilizar en el estudio márgenes contables como el EBIT o EBITDA.
Sin embargo, la FNE dice que calculó el margen conforme a la información entregada por las mismas empresas y detalló la forma en que lo calculó, siendo utilizado esencialmente para demostrar cómo el aumento sostenido del margen en el tiempo, en términos reales, es inconsistente con un mercado competitivo.
El segundo grupo de críticas señala que las recomendaciones de la FNE, esencialmente la prohibición de que mayoristas participen del mercado minorista, pondría en riesgo la calidad del servicio y la seguridad en el mercado.
Para la FNE, ello carece de fundamento, porque hoy casi el 85% de las ventas de GLP es realizada por empresas minoristas de tamaño menor (pymes), las que, por contrato con las mayoristas, son las que asumen el riesgo comercial de la distribución y se benefician o perjudican por la calidad de servicio entregada.
Un tercer grupo de reparos indica que las recomendaciones de la FNE serían inconstitucionales, lo que es desechado por el organismo. Mientras, un cuarto grupo de críticas se centra en que las recomendaciones impedirían que, a futuro, los incumbentes puedan celebrar convenios que otorgan descuentos a la población por la compra de GLP. “Aunque las promociones que alivien el bolsillo de los hogares siempre son bienvenidas, la FNE desechó estos argumentos porque, de aplicarse sus recomendaciones, el mercado no necesitará de ese tipo de ‘vales’ o ‘vouchers’ para que el precio del GLP disminuya, sino que ello ocurrirá por efectos de una mayor competencia en el mercado”, explicó la entidad.
En el mercado del GN, la principal crítica es que la recomendación en cuanto a que la rentabilidad de todas las empresas distribuidoras se calcule considerando a todo el grupo económico verticalmente integrado se traduciría en un alza de los costos y, por tanto, del precio del gas natural para los clientes de Metrogas. La FNE desechó la crítica por infundada.
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